Critica el impago por parte de Perú de bonos agrarios soberanos, la deficiente información financiera, el débil Estado de derecho, y la adherencia a los “valores fundamentales” de la OCDE

Esta semana se divulgó un informe que ataca la candidatura de Perú a la membresía de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y que sostiene que el comportamiento del país con respecto a su prolongado impago selectivo de bonos agrarios soberanos debe impedirle el ingreso en el exclusivo club de líderes económicos globales.

El informe de 37 páginas, elaborado por un execonomista importante de la OCDE, concluyó que “Perú no debe considerarse un candidato viable para la membresía plena en la OCDE” y ofreció numerosas razones, entre ellas:
El impago selectivo por parte de Perú de bonos de la reforma agraria soberanos, desde hace varias décadas, y su “negativa a ofrecer justa compensación” por esos bonos, “pese al hecho de que semejante pago parece estar muy distante de ser imposible para Perú”.

El incumplimiento de Perú con informar adecuadamente el impago a organizaciones y entidades regulatorias internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) y la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Las “deficiencias en integridad pública… en particular el compromiso con el Estado de derecho, los derechos humanos y la transparencia” por parte de Perú. El informe criticó la reciente y continua dependencia del presidente Kuczynski de una sentencia falsificada dictada en 2013 por el Tribunal Constitucional peruano sobre los bonos impagos, lo cual actualmente es objeto de una investigación penal y del Congreso.

“El comportamiento de Perú en general demuestra que Perú no se encuentra listo con respecto a su capacidad de participar en el proceso de accesión a la OCDE, en particular su capacidad de promover los principios fundamentales de la OCDE”, señaló el informe. “Pese al progreso económico de Perú, el país no satisface algunos de los requisitos clave para la membresía en la OCDE, debido a obligaciones de deuda de larga data que reiteradamente no ha abordado ni divulgado”.
El informe fue elaborado por el Dr. Hans J. Blommestein, quien ejerció de director de Gestión de Deuda Pública de la OCDE de 2001 a 2016 y supervisó la División de Asuntos Financieros de la organización de 1998 a 2000.

El informe se centra en la expropiación por parte del Gobierno peruano de 23 millones de acres de tierras de ciudadanos entre 1969 y 1979 y los bonos de la reforma agraria que los ciudadanos fueron obligados a aceptar a cambio de su tierra. En muchos casos los bonos nunca se pagaron, y hasta el 20 % de los bonos circulantes han sido adquiridos por inversionistas internacionales, entre ellos aproximadamente 200 fondos de pensión de Estados Unidos.

El informe fue encargado por los Bonistas Peruanoamericanos por la Justicia (Peruvian-American Bondholders for Justice, PABJ) y la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA). Ellos y otros seis grupos de bonistas enviaron el informe y una carta que lo acompaña al secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. En conjunto, los grupos de bonistas representan a miles de bonistas peruanos y peruanoamericanos. Ejemplares del informe y la carta se entregaron ayer a más de 60 funcionarios de la OCDE, a embajadores ante la OCDE en París, a embajadores de países miembros de la OCDE en Perú, y a la ministra de Finanzas peruana, Claudia Cooper Fort.

“Esperamos con total certeza que Perú lo niegue todo e intente calificar la cuestión de ‘disputa de valuación’ con unos pocos bonistas específicos, y no como un continuo impago de bonos que impacta a miles de bonistas (ayudado por actos ilícitos en los más altos niveles de los poderes Judicial y Ejecutivo) y un acto intencional y deliberado de no informar la deuda de los bonos de la reforma agraria”, señaló la carta de los bonistas a Gurría. Además, lo instó a realizar “un análisis imparcial y objetivo” de la cuestión y una revisión íntegra del informe, y agregó: “Perú no ha satisfecho las normas de transparencia de la OCDE, sino que, por el contrario, ha hecho todo lo posible por ocultar la cuestión”.