Publicado en el:www.elindependiente.com

El jurista español asesora a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, en sus denuncias en la Corte Penal Internacional

Apasionado del derecho internacional, Blas Jesús Imbroda es
asesor jurídico de la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega
Díaz, en las denuncias que se han presentado en la Corte Penal
Internacional de La Haya. Presidente del Colegio de Abogados
Penal Internacional desde febrero de 2017, es el jurista español que ha trabajado codo con codo con el equipo de la fiscal, que sigue en ejercicio desde el exilio en Colombia.

Imbroda está convencido de que hay pruebas suficientes para que el presidente Maduro acabe ante la Corte Penal Internacional porque en Venezuela se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. La CPI, que se creó hace 20 años pero empezó su andadura en 2002, se enfrenta a una prueba de fuego en este caso. Se trata de luchar contra la impunidad, un artículo de fe para el jurista español. Venezuela es uno de los 123 países que han firmado el Estatuto de Roma y reconocen la CPI.

Después de ejercer como fiscal general de Venezuela durante más de una década, Ortega Díaz, que ascendió con Hugo Chávez pero se distanció del régimen con Nicolás Maduro, tuvo que huir el 18 de agosto de 2017 en una lancha
primero y luego en avión rumbo a Colombia. La persecución contra Ortega y su marido, el diputado Germán Ferrer, había llegado al límite. Dos meses antes, el Tribunal Superior de Justicia de Supremo en contra de la Asamblea
Nacional suponían una ruptura del orden constitucional. Fue una declaración de guerra.

Desde su exilio colombiano la fiscal general ha intensificado su lucha internacional contra el régimen bolivariano. Contactó con el abogado español, Blas Jesús Imbroda, experto en Derecho Penal Internacional, para que les ayudara a formalizar las denuncias ante la Corte Penal Internacional.

El equipo de la fiscal había logrado sacar de Venezuela una gran cantidad de pruebas que muestran cómo se están cometiendo gravísimas violaciones de los derechos humanos.

El caso podía armarse para acusar al presidente Maduro de crímenes de lesa humanidad. Blas Imbroda ha acompañado a la fiscal Ortega a La Haya cuando en noviembre de 2017 presentó la primera denuncia y hace una semana acudió a la Corte Penal Internacional a ampliarla. De lo delicado del caso da cuenta que ofrezca pocos detalles sobre los casos y que incluso no confirme cuántas personas forman parte del equipo de fiscales que colabora con Ortega Díaz.

Pregunta.- ¿Cómo empezó a trabajar con la fiscal de Venezuela, Luisa Ortega Díaz? ¿Se puso su equipo o en contacto o se ofreció usted?

Desde mediados de 2017, cuando salió de Venezuela, me planteó la posibilidad de que estudiara y trabajara con ella, y con su equipo de fiscales, que les asesorara en la formalización de una denuncia ante la Corte Penal Internacional. Estuve con ellos y analicé la documentación que disponía. No sólo vi viable la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional sino que trabajé con ellos y llevé la parte jurídica de la redacción de la denuncia ante la CPI. Asesoré al equipo.

¿Cuántas personas forman parte del equipo?

Me dijeron que una docena.  Es un número sustancial de fiscales. No sé si puedo decir cuántos. La Fiscalía tuvo que
salir de Venezuela porque fue intervenida por el gobierno de Maduro. Fueron perseguidos. Cuando la fiscal general cuestionó al régimen y se enfrentó ante las ilegalidades y persecuciones, el exceso de la fuerza, se intervino la Fiscalía General. Todos tuvieron que salir deprisa y corriendo. Son perseguidos políticos. La Fiscalía General de la República se mantiene con equipos de investigación. Siguen trabajando en el exilio.

¿Por qué se ponen en contacto con usted? ¿Tiene algún vínculo con Venezuela?

Se ponen en contacto porque trabajo en derecho penal internacional y defiendo al máximo el ámbito de la justicia
penal internacional. Creo que la justicia penal internacional tiene un papel importante que hacer en el mundo y lo está haciendo. No tiene tantos años de funcionamiento: el CPI se crea en julio de 1998 pero empieza a operar en julio de 2002.

¿Usted cree que la única vía en el caso de Venezuela para luchar contra la impunidad es recurrir a la Corte Penal Internacional?

Estoy convencido desde hace mucho tiempo que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Crimen de lesa humanidad consiste en un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, organizada desde los aparatos del poder. Este ataque se tiene que reflejar en actos, según el artículo 7 del estatuto de la CPI, en una serie de actos que en Venezuela se producen realmente. En Venezuela hay un ataque sistemático contra la población civil que se materializan en asesinatos, torturas, persecuciones políticas, detenciones arbitrarias… y muchos otros supuestos más que son crímenes de lesa humanidad.

Y la situación sigue empeorando.

El problema de Venezuela es que se lleva mucho tiempo produciendo esto y que se sigue produciendo hoy y como la
Corte Penal Internacional y la comunidad internacional no intervengan no va a parar. La fiscal general de la República recibe continuamente información y conoce lo que está pasando. Yo también estoy en contacto con personas de la oposición. Allí las detenciones arbitraries son constantes. La persecución política es la norma, la conducta habitual del régimen. Todo el que piensa distinto es objeto de persecución.

También se produce una aberración: se siguen dando torturas continuamente. No hay derecho de defensa, no hay
tutela judicial. Los tribunals están mediatizados desde el poder. Hay personas sometidas a torturas, detenidas durante meses sin abogados ni tribunales. Todo esto está ocurriendo en Venezuela hoy.

El 16 de noviembre de 2017 presentaron ante la CPI en La Haya un documento de 500 páginas, 39 carpetas, 12 CD, que contenía 1690 pruebas sobre la represión del régimen de Maduro sobre la población civil.